La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le ha preguntado al presidente de la Junta de Extremadura, en el Pleno de la Asamblea de este jueves, acerca de “si tienen un plan B para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la limpieza o si seguirán mirando hacia otro lado mientras estas mujeres sufren explotación laboral”.
Y es que De Miguel ha denunciado que “hace un mes presentamos en esta Asamblea una propuesta para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la limpieza que trabajan a través de subcontratas para la administración pública. Ustedes, el partido socialista votaron en contra”.
La portavoz ha llevado la reivindicación de las trabajadoras de la limpieza a colación de las movilizaciones que están llevando a cabo estas semana ante las puertas del SEPAD y del SES para denunciar sus condiciones laborales: “Señor presidente, el colectivo de limpiadoras además de ser un colectivo muy feminizado, también es un colectivo muy precarizado. Podíamos decir que es unos de los colectivos de trabajadoras donde con mayor asiduidad se vulneran los derechos laborales”, señalando varios ejemplos de esta precariedad: “Según CCOO y UGT, en el sector de la limpieza las horas de estas trabajadoras ni se abonan ni se cotizan a la seguridad social al precio establecido en el convenio colectivo. Por otro lado, es común en estos sectores retrasos a la hora de cobrar, reducciones de jornada en la Seguridad Social o sobrecarga en los momentos de vacaciones y bajas de compañeras”.
En este sentido, De Miguel ha destacado que “la pandemia nos ha hecho ver que algunos trabajos son esenciales para el sostenimiento de la vida, y las labores de limpieza es uno de ellos. Si no hubiera sido por ellas, el COVID se hubiera apoderado de los hospitales y residencias. Además fueron las últimas en recibir EPIS”.
Para ello, la diputada ha puesto un ejemplo real: “Señor Vara, quiero contarle la vida de Macarena que es la historia de tantas y tantas mujeres que trabajan limpiando. Macarena lleva limpiando 20 años, ¿y sabe cuánto ha cotizado?: Cuatro años, porque las empresas para las que ha trabajado la han dado de alta, dos horas, tres… pero ella ha echado una jornada laboral completa, trabajando para empresas que subcontrataban con la Administración Pública”.
La portavoz de la confluencia ha denunciado que “sin embargo, esta visibilización, este reconocimiento público, esos aplausos de las ocho de la tarde no se han materializado en mejoras en las condiciones laborales para un colectivo que las necesita como el comer”.
Un reconocimiento que Irene de Miguel ha vuelto a recordar que su formación llevó a la Asamblea en la semana del 8 de marzo: “Nosotras le proponíamos diversas medidas, entre ellas, que revirtieran las externalizaciones y gestionaran desde lo público, garantizando derechos laborales a la vista de que las contratas que prestan este servicio lo hacen generalmente saltándose las normativas laborales y precarizan al máximo a sus trabajadoras”.
Por todo ello, De Miguel le ha instado al presidente a adquirir “un compromiso con ella. Si gestionar desde lo público le parece muy de izquierdas al menos haga cumplir la normativa laboral, modifique los pliegos de condiciones, inspecciones, sancione… Nosotros nos ponemos a su disposición para mejorar las condiciones y evitar estos abusos”.
