Unidas por Extremadura se muestra contraria a la imposición por parte de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura del día 27 de enero como día escolar de conmemoración de la Memoria Histórica y Democrática en Extremadura, sumándose a las críticas de la Coordinadora Memorialista de Extremadura (COMEX).

Para la confluencia extremeña “la imposición de esta fecha por parte de la Consejería de Educación y Empleo muestra un total desprecio hacia las víctimas extremeñas del golpe militar y de la represión franquista, además de ser un acto poco valiente para rescatar la memoria de nuestros antepasados y antepasadas extremeñas”.

Además, denuncian que “esta fecha no ha contado con el consenso y la participación de las entidades memorialistas de la región como la COMEX, por lo que muestra una vez más, la política de despacho ejercida por el Gobierno del señor Vara en la región. Una política opaca y poco o nada participativa, donde la sociedad civil no se le da voz y representación”, añadiendo que “no es de recibo que estas entidades memorialistas, con todo el trabajo que llevan haciendo desde hace tantos años, se enteren de la imposición de esta fecha a través de los medios de comunicación”.

Por ello, desde Unidas por Extremadura, secundan la propuesta de la COMEX y piden a la Consejería de Educación y Empleo, dirigida por la señora Esther Gutiérrez, que “rectifique ante este absoluto despropósito y escoja el día 13 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la represión de la Dictadura, al ser un día clave para la memoria democrática e histórica de nuestra región, ya que fue el día en el que se llevaron a cabo las primeras exhumaciones en Extremadura, concretamente en Casas de Don Pedro en 1978, siendo además estas exhumaciones pioneras no solo para Extremadura, sino también para el resto del país”.

Desde Unidas declaran que “mientras que haya fechas suficientes en Extremadura para conmemorar nuestra memoria histórica y democrática no se debería recurrir a fechas internacionales, que, aunque tienen una gran importancia y trascendencia, descontextualiza por completo lo ocurrido en Extremadura”, sentenciando que “lo que ha hecho la Consejería de Educación y Empleo es en realidad un ejercicio de desmemoria histórica con nuestra tierra. El PSOE parece empeñado en demostrar que mientras más lejos la memoria histórica y democrática, mejor”.

En este sentido, la confluencia extremeña denuncia que “son constantes los incumplimientos de la Junta con respecto a la hora de aplicar la Ley de memoria histórica y democrática en la región”, señalando como ejemplos que “no se ha regulado reglamentariamente el procedimiento indemnizatorio a las víctimas de la represión franquista; no se ha constituido el Comité Técnico para la retirada de vestigios franquistas, que se tenía que haber constituido antes del 24 de enero de 2020; no se ha procedido a la retirada de vestigios franquistas, que deberían haber sido retirados como muy tarde el 24 de enero de 2021; y no se ha constituido el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que se tenía que haber constituido antes del 24 de julio de 2019, hechos que venían recogidos en la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura”.

A estos incumplimientos añaden que “Extremadura es la única Comunidad Autónoma, junto a Galicia, que no aprobó las indemnizaciones económicas a los ex-presos y represaliados políticos que quedaron fuera de las limitadas ayudas estatales”, denunciando que en “su día el PSOE rechazo nuestra propuesta para establecer medidas de reparación económica o no en cuantía suficiente a favor de las víctimas, ni siquiera de aquellas personas que fueron víctimas de trabajos forzados”.

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