- La confluencia extremeña ha registrado una propuesta de impulso ante la Junta de Extremadura para presentarla en el último Pleno de este mes.
- La propuesta insta a la Junta, entre otras propuestas, a impulsar la gestión pública de la explotación de los saltos de agua y de las centrales hidroeléctricas en Extremadura conforme va caducando su concesión.
Unidas por Extremadura ha registrado una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura para instarle a la Junta a que cree una empresa pública de comercialización eléctrica, dependiente de la Agencia Extremeña de la Energía, en coordinación con los ayuntamientos extremeños, “para el impulso de la generación de energías renovables y el suministro a los edificios y equipamientos propios de la administración autonómica, de otras administraciones públicas, así como de familias y empresas en el ámbito de Extremadura, a un precio más asequible”.
Desde la confluencia extremeña ven “necesaria” esta medida ante la subida de la luz de este mes de junio, y la ven como “alternativa posible y necesaria” para “reducir la factura de la luz, ganar en soberanía eléctrica y luchar contra los grandes oligopolios eléctricos y sus abusos”.
Además, la formación señala que “se hace necesario que las instituciones extremeñas utilicen todos los instrumentos a su alcance para conseguir que las instalaciones y proyectos de producción de energías tengan como objetivo prioritario colaborar al desarrollo económico y social de Extremadura, así como tomar diferentes iniciativas para abaratar el precio de la tarifa eléctrica en una región eminentemente productora como la nuestra”. Unidas destaca que “Extremadura es la región con menos desarrollo económico e industrial y, a la par, una región con una extraordinaria riqueza de energía eléctrica. De hecho, es la primera en energía fotovoltaica, la segunda en nuclear, también la segunda en termosolar y la tercera en potencia hidráulica instalada”.
Para que el Gobierno de Vara acepte su propuesta, desde Unidas por Extremadura recurren a tres artículos del Estatuto de Autonomía de Extremadura: el artículo 7.28 que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, que discurra por nuestro territorio; el artículo 7.1.33, que atribuye a la Comunidad la competencia exclusiva en materia de comercio interior; y el 8.7, que le atribuye la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Por todo ello, a parte de la propuesta estrella, desde la confluencia instarán a la Junta a “llegar a acuerdos con las grandes empresas energéticas para que un tercio de la producción eléctrica de cada planta o lugar de producción asentada en el territorio extremeño se suministre a los municipios de la zona con un precio especial de tarifas más económicas. Además, instan a la Junta a “impulsar la gestión pública de la explotación de los saltos de agua y de las centrales hidroeléctricas en Extremadura conforme va caducando su concesión, en coordinación con las Confederaciones Hidrográficas y los Ministerios de Industria y Transición Ecológica y Reto Demográfico”.
Desde Unidas ven imprescindible el autoconsumo, por lo que instan al Gobierno de Vara a “impulsar Comunidades Energéticas Locales, entendiéndose como tales entidades que sean autónomas, que estén situadas en las proximidades de los proyectos de energías renovables y cuya finalidad sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos y sociales a las personas socias o miembros o a las zonas locales donde opera”, todo ello “en colaboración con los municipios”.
Por último, la formación pide que la Junta inste al Estado a que establezca una tarifa eléctrica especial para Extremadura “para rebajar el precio de la energía para distintos usos, entre ellos el industrial, al ser nuestra región una de las principales productoras de electricidad y del mismo modo por no tener que hacer frente a diferentes costes, como el de transporte y distribución”.
Desde Unidas por Extremadura, con esta propuesta de impulso, pretenden llamar la atención acerca de que la “electricidad es esencial para el derecho a una vida digna constitucionalmente reconocida”, destacando que “el establecimiento del suministro, su recepción regular, en condiciones adecuadas de calidad y a un precio asequible forman parte de este servicio esencial. Se trata además de un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación, a la alimentación…) irrenunciables para nuestro desarrollo”.
