- La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que el Partido Popular haya impulsado en Cáceres junto con Vox una moción “que tacha este derecho como una medida eugenésica y plantean dar charlas en los institutos sobre lo malo y peligroso que es el aborto”.
- El diputado González Frutos le ha preguntado a la consejera de Hacienda y Administración Pública “cómo piensa reducir la tasa de temporalidad en la administración autonómica hasta el objetivo del 8 por ciento antes del 31 de diciembre de 2024”.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le ha preguntado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, “qué medidas va a tomar su Ejecutivo paraun garantizar el derecho al aborto y garantizar la Ley 1/2023 que blinda el acceso al aborto en los centros públicos y regula la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios”.
De Miguel le ha recordado a Guardiola que “se ha definido como feminista en muchas ocasiones y en campaña electoral, cuando fue preguntada por el aborto, usted declaró que estaba favor de la libertad de las mujeres y que no sólo había que ayudar a aquellas mujeres que querían ser madres sino que también a aquellas que no querían serlo”. Por ello, le ha pedido “cambios que permitan que las mujeres extremeñas puedan ver su derecho al aborto plenamente garantizado”, denunciando que “es derecho que en los años de gobierno del señor Vara se vio relegado obligando a muchas mujeres a tener que viajar fuera de nuestra comunidad debido a la imposibilidad de poder abortar en la sanidad pública extremeña”.
En este sentido, Irene de Miguel le ha achacado a la presidenta que “el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cáceres recientemente ha aprobado una moción de Vox donde tachan este derecho como una medida eugenésica y plantean dar charlas en los institutos sobre lo malo y peligroso que es el aborto. ¿A esto se refería usted cuando defendía que la educación tenía que ser neutral? ¿Cree positivo para nuestras niñas que se les adoctrine en la moral ultracatólica que considera el aborto un pecado?”
En referencia a la defensa del Partido Popular de esta medida que han calificado como “moción por la natalidad”, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha defendido que “la natalidad se impulsa garantizando vidas dignas: bajando el precio de los alquileres y garantizando el derecho a una vivienda digna y poniendo coto al negocio de los alquileres turísticos; favoreciendo la emancipación de nuestros jóvenes; subiendo los salarios y garantizando la conciliación familiar; apostando por la implantación universal de la educación de 0 a 3 años en la escuela publica; o potenciando el teletrabajo allí donde sea posible”.
Por ello, ha señalado que “nuestras niñas no necesitan que los chiringuitos de extrema derecha como ‘Red Madre’ o ‘Provida’ entren en las aulas a asustarlas”. Al contrario, según De Miguel “necesitan educación afectivo sexual reglada impartida por profesionales que evite embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y que garantice que las vidas sexuales sean plenas y consentidas, sin violencias ni abusos y también sin miedo”.
Por todo ello Irene de Miguel ha defendido que “el derecho al aborto es un derecho humano, es el derecho a la salud de las mujeres. Yo sé que con estos compañeros de viaje de la extrema derecha usted va a tener que hacer fuertes concesiones. Sólo le pido que no sean los derechos de las mujeres que tanto nos ha costado conseguir”, añadiendo que “a pesar de que cada año el número de mujeres asesinadas se cuentan por decenas grupos políticos como sus socios de gobierno niegan la existencia de la violencia machista, y no solo eso, sino que han decidido boicotear todos los actos a las víctimas que están teniendo lugar a lo largo y ancho de nuestro país. No sabemos si mañana harán lo mismo en Extremadura”.
ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
Por otro lado, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha preguntado posteriormente a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, “si tiene previsto la Junta de Extremadura, en virtud del artículo 217 del Real Decreto Ley 5/2023, abrir un nuevo proceso para ampliar las plazas de estabilización de personal temporal al servicio de la administración autonómica”.
González Frutos ha denunciado que “tenemos un problema de empleo público, ya que mientras estamos reduciendo la temporalidad en el empleo privado en el público seguimos con tasas del 39 por ciento, y la administración autonómica por encima del 30”, y ha destacado que “esta ley permitía en el artículo 217 una tasa adicional”. En esta línea le ha preguntado a Manzano si “la Junta de Extremadura va a hacer uso de esa tasa adicional de convocatoria para aquellas plazas que no han sido convocadas con anterioridad”.
Es por ello que le ha instado “a fijarse como hace en otras ocasiones en comunidades como Andalucía o Castilla y León, que han hecho uso de esta prerrogativa del artículo para una tasa adicional y una convocatoria”, recordándole que “el plazo para la convocatoria de empleo público es el 31 de diciembre de 2023 y tienen que estar resueltas antes del 31 de diciembre de 2024”.
Además, le ha preguntado que “si tiene la certeza absoluta, en caso de que sea la respuesta negativa, de que todas las plazas que cumplen los requisitos se han convocado, o si tiene un estudio concreto de que no existen plazas que deberían haber sido convocadas y no han sido convocadas”. Por último, le ha preguntado “cómo piensa llegar a la tasa de temporalidad del 8 por ciento a la que debería llegar el 31 de diciembre de 2024, ya que es competencia de su consejería”.
