- La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado las condiciones laborales de la empresa subcontrata Secuoya Televisión Murcia: “Están cobrando el salario mínimo y no tienen plus de disponibilidad”.
- De Miguel ha denunciado todos los incumplimientos laborales que ha llevado a cabo la anterior productora contratada y la actual, que “es la misma pero con distinto nombre y CIF”.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha participado este martes en la Comisión de Control de la Empresa Pública ‘Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales’. En la misma, su formación ha pedido la comparecencia de su Director General, Dámaso Castellote, justificando De Miguel que la han solicitado “para informar sobre el proceso de licitación del servicio de informativos porque es un proceso que ha estado lleno de irregularidades, que finalmente ha desembocado en que los mismos que gestionaban el servicio con múltiples quejas por parte de los trabajadores son los mismos que siguen a día de hoy gestionándolo”.
La portavoz ha recordado que “esta licitación quedó desierta en el mes de junio, ya que la empresa que lo estaba gestionando no pudo presentarse por un expediente abierto relacionado con las facturas de la huelga de hace dos años, una huelga que contó con el 95 por ciento de seguimiento y que fue desconvocada porque la empresa CBM profirió unas amenazas a sus trabajadores como tener que afrontar una demanda de 80.000 euros”. En esta línea, De Miguel ha denunciado que “para que el concurso no quedara desierto CBM se presentó bajo otro nombre y CIF, Secuoya Televisión Murcia, una productora del mismo grupo empresarial”, que “no tenía plan de igualdad al no haber tenido actividad previa”, y que “esta empresa no reunía las mínimas condiciones de solvencia financiera descritas en el pliego, ni solvencia técnica”. La portavoz ha advertido que “esta productora es de reconocido desprestigio por explotación laboral en todo el país y está existiendo una complicidad para extender esta precariedad en el sector audiovisual extremeño”, denunciando que “hay un incumplimiento de las clausulas sociales del contrato y la corporación está permitiendo la vulneración sistemática de los derechos de estos trabajadores”.
“Esta empresa ha estado contratando a personal sin darle de alta en la Seguridad Social, a redactores sin titulación; con jornadas laborales de 14 horas al día; negando la reducción de jornada por maternidad; una productora que denegaba las vacaciones aduciendo que solo tenían derecho a 29 días al año, cuando en el resto de países son 30 días como mínimo; que sustraen a las nóminas el tiempo dedicado en ir al médico o en ir a presentarse a un examen oficial… Unos permisos que no están siendo cubiertos por nadie”, ha denunciado.
De Miguel ha continuado su exposición señalando que “en agosto esta empresa, sin aviso previo, impuso un ERTE que fue declarado ilegal posteriormente por la Inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral”, denunciando que “como consecuencia de este ERTE la emisión de informativos estuvo plagada de chapuzas durante las cinco semanas posteriores, con rellenos con imágenes con webcams y de ciudadanos reconvertidos en reporteros”.
A pesar de esta situación, la portavoz ha querido “reconocer la profesionalidad y el buen hacer de los trabajadores de esta productora, que sacan adelante el trabajo con precariedad y en unas condiciones de trabajo difícilmente comprensibles para el ente público”.
Por todo ello, Irene de Miguel ha resaltado que “esta licitación tiene un millón de euros más de lo que tenía la anterior licitación, que supuestamente iba destinado a mejorar los costes de los incrementos salariales de los trabajadores y la única mejoría que se ha detectado es que los contratos de fin de semana están siendo a tiempo completo, pero no se ha implementado el plus de disponibilidad a toda la plantilla, y los salarios de estos trabajadores siguen estando en el lamentable filo del salario mínimo interprofesional. Profesionales con carreras que están cobrando 36 euros al día”, preguntándole al Director General “¿A dónde se va este aumento en el presupuesto si no es a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores?”.
De Miguel ha aseverado que “se estarán yendo a aumentar los beneficios empresariales de esta empresa, que por desgracia, ha demostrado ya en demasiadas ocasiones que no tiene mucha empatía con sus trabajadores”. Además, ha señalado que “con la nueva licitación no existe la disponibilidad, algo que durante 18 años han estado negándose a pagar a sus trabajadores, y ahora que se puede pagar porque hay más presupuesto, la anulan, con lo cual repercute en un peor servicio de los servicios informativos. Una cuestión que viene recogida precisamente en el pliego: no pagar este plus y no permitir la flexibilidad de horarios perjudica la calidad del servicio”.
En cuanto a la salud laboral, la portavoz ha afirmado denunciado que “esta empresa ha tenido infracciones graves en el tema de salud laboral, con una resolución firme de la autoridad laboral que ha sido remitida sin que se le haya aplicado ninguna sanción como recoge el pliego”: Es por ello que se ha preguntado “¿por qué se está permitiendo esta impunidad?”, y la ha pedido al Director General “una vigilancia exhaustiva para que se protejan a los trabajadores”.
“Sobre las cláusulas sociales”, ha continuado, “existen varias reclamaciones colectivas a la CEXMA con el único objetivo de tener trabajadores con condiciones indignas y con salarios lamentables”. Además, sobre el plan de igualdad, De Miguel ha reseñado que “como tiene menos de 350 empleados puede hacer este truco de no tener este plan, siendo los únicos que no están acogidos a un plan de igualdad los trabajadores extremeños de los servicios territoriales”.
Por todo ello, Irene de Miguel ha denunciado que “este es el compromiso con la igualdad y los derechos laborales tanto del ejecutivo anterior como del actual, que no han movido ni un dedo por cambiar esta situación”, sentenciando que “la administración pública no puede permitir vulneraciones y que empresas así gestionen fondos públicos”, defendiendo que “somos firmes defensores de unos servicios autonómicos de informativos de calidad que respeten los derechos laborales ante todo”.
