- La portavoz de Unidas por Extremadura preguntará a la Junta acerca de “qué piensan poner en marcha para aliviar la situación de los agricultores y ganaderos y para apoyar a la agricultura social y familiar”.
- La formación pedirá en el Pleno un servicio de ayuda a domicilio público y de calidad, y el aumento de las inspecciones de trabajo en la región “para evitar los abusos laborales”.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido este martes en rueda de prensa posterior a Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura para adelantar qué llevarán al próximo Pleno de este jueves.
De Miguel ha afirmado que preguntarán “al Consejo de Gobierno que piensan poner en marcha para aliviar la situación de los agricultores y ganaderos y para apoyar a la agricultura social y familiar”. La portavoz ha argumentado que “estamos ahora mismo inmersos en unas movilizaciones del campo que desde Unidas por Extremadura apoyamos”, haciendo hincapié en que “apoyamos siempre al modelo social y familiar, no al modelo de los fondos de inversión, del agro-negocio y los fondos de inversión que expulsa a nuestros agricultores y ganaderos del campo”.
Por ello, la portavoz ha pedido a la Junta de Extremadura que “garantice el relevo generacional, la incorporación de jóvenes; garantizar una Ley de Cadena Alimentaria útil, y para eso hay que aumentar las inspecciones de aquellos intermediarios e industrias que están planteando precios por debajo del coste de producción; poner en marcha un fondo de crisis climática para afrontar todos los estragos que tanto la sequía, como las lluvias torrenciales están produciendo en el campo; reducir la burocracia; y priorizar en todas las políticas a la agricultura social y familiar, entre otras muchas cuestiones”.
De Miguel ha defendido que “hay competencias que son de la Comunidad Autónoma. Estamos de acuerdo en que a Europa hay que exigirle cambios en la PAC, en la Ley de Competencia, y en los tratados de libre comercio que asfixian al sector primario, pero creemos que la Junta de Extremadura tiene competencias en Agricultura y Ganadería que deben poner en marcha ya”, acusando al Gobierno de María Guardiola de “echar balones fuera”, e instándole a “poner en marcha medidas que alivien la situación del sector”.
La portavoz también ha reseñado que “estamos viendo como algunas organizaciones agrarias están haciéndole el juego a la extrema derecha, planteando reivindicaciones que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades del campo: hablar de eliminar todas las normativas ambientales supone cargarnos de un plumazo la trazabilidad y la producción de alimentos sanos y seguros”. Por el contrario, ha apostado por “conjugar la producción de alimentos sanos y seguros con la conservación del medio ambiente, porque a quien más afecta ahora la crisis climática es a nuestro sector primario”.
En esta línea De Miguel ha alertado de que “seguir avanzando en recetas de hace una década va a poner más en riesgo al sector. A quien más beneficia la eliminación de las trabas ambientales es a los fondos de inversión y al agro-negocio, que van a poder adquirir pesticidas, plaguicidas, fitosanitarios, productos que van aumentando su precio, y no toda la agricultura va a poder soportar los costes de producción que va a suponer el aumento de los precios de plaguicidas, pesticidas, fertilizantes, etc., porque vamos también a una crisis de combustibles y ese modelo es un modelo petrodependiente y de escasez, y cuando el petróleo se va encareciendo los productos derivados de él van siendo más caros”.
La portavoz ha afirmado que “plantear lo que se está planteando desde la derecha agraria lo único que va a beneficiar es a una agricultura sin agricultores, a un campo sin profesionales del campo en manos de fondos de inversión y el agro-negocio”. De Miguel ha continuado aseverando que “estamos de acuerdo en exigir para que nuestros productos que entren de terceros países lo hagan en las mismas condiciones de producción y en los mismos términos de seguridad y salud que lo está haciendo nuestra agricultura y ganadería europea, pero no hay que ir hacia un menor desarrollo ambiental o en cuestiones de salud, porque va en ello la salud de la sociedad: no podemos consumir productos que no cumplan los mínimos estándares”.
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Irene de Miguel ha adelantado también que van a plantear en el próximo Pleno una interpelación sobre ayuda a domicilio “porque queremos saber el modelo que está defendiendo el Partido Popular y Vox”, defendiendo que “tenemos claro que el modelo debe ser un modelo sostenido en su mayoría por el servicio público, para garantizar derechos y para barrer de un plumazo la precariedad laboral que inunda este sector. Queremos un sector público y para eso hay que invertir más en trabajadoras”.
De Miguel ha señalado que “las necesidades en Dependencia van a aumentar y no se soluciona solo construyendo más residencias: no vamos a poder construir todas las residencias que necesitamos para hacer frente a las necesidades de nuestros mayores, con lo cual necesitamos fortalecer la ayuda a domicilio y que nuestros mayores estén en sus casas hasta que ellos quieran, la mayor parte del tiempo”.
Por ello ha apostado por “más profesionales” a través de “un modelo público, ya que la herencia que nos ha dejado el PSOE es un modelo privatizado en su mayoría. Son solo 22 municipios los que tienen una ayuda a domicilio pública. El resto son todo concesiones a empresas privadas y creemos que ese modelo debe revertirse hacia un modelo público”.
INSPECCIONES EN CONTRATACIONES
Por último, Irene de Miguel ha anunciado también que su formación va a presentar una Propuesta de Impulso sobre las inspecciones en las contrataciones, denunciando que “son muchos sectores los que estamos viendo donde los trabajadores están muchas veces en condiciones de explotación”, poniendo de ejemplo “el sector de los cuidados, el de la construcción, el de la hostelería o el del campo”. Sectores, ha añadido, “que tienen de punto en común que se basan en la inmigración irregular, que necesitamos pero que utilizamos para los trabajos más penosos porque no les damos derechos”.
Por ello, ha señalado que “la Junta de Extremadura tiene competencia en Trabajo y en Inspección laboral”. En esta línea ha apostado “por fortalecerse y crear un plan específico para estos sectores donde se ha detectado que hay más casos de explotación”, y ha adelantado que pedirán a la Junta “un teléfono de ayuda para estos trabajadores, para que puedan denunciar”. Además, ha abogado por “que se les dote de herramientas como clases de castellano para poder defenderse mejor de los abusos que se producen”.
