- La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha instado a la Consejería de Agricultura y Ganadería a que “tome cartas en el asunto para que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria”.
- Unidas por Extremadura ha visitado la fábrica de tabaco de CETARSA de Talayuela para conocer de primera mano los problemas del sector y las alternativas.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido este jueves ante los medios en su visita a la fábrica de tabaco de CETARSA en Talayuela, destacando que “es un sector muy importante para el sector primario extremeño y sobre todo, para el norte de Extremadura, y queremos conocer de primera mano los problemas actuales del sector, además de sus fortalezas y oportunidades en un contexto complejo como es el de la agricultura y, en concreto, el del tabaco”.
De Miguel, que ha estado acompañada también por el diputado Joaquín Macías y por la portavoz de Unidas por Navalmoral de la Mata en el Ayuntamiento, Cristina Cano, entre otros, ha afirmado que “es importante conocer de primera mano y conocer a las personas que cultivan el campo para saber qué futuro ven al sector del tabaco”. Además, ha hablado de las alternativas del tabaco “porque sabemos que tarde o temprano la PAC puede cambiar y creo que es importante tener un plan b”. Por ello, cree que “es de justicia que haya investigación y desarrollo de alternativas al tabaco para que cuando tengamos que llegar a ese plan b no suponga una pérdida de renta a las familias agriculturas ni pérdida de empleos. Estamos hablando de miles de empleos en la comarca de Campo Arañuelo que se vería muy tocada si no hay un plan b”.
En esta línea ha instado a “la Consejería y al Gobierno a ponerse las pilas, ya que esto afecta a una comarca muy grande, por lo que tienen que ponerse a diseñar ese plan cuanto antes”. De Miguel ha hablado de la alternativa de negocio que supone el cannabis medicinal ante la propuesta del Ministerio de Sanidad: “Aquí tenemos las condiciones de producción idóneas para producir cannabis medicinal e industrial, que es un cultivo con mucho potencial en Europa, con millones de consumidores, y lo tenemos todo para poder encabezar ese cultivo al igual que se está haciendo ya en Portugal”.
La portavoz ha defendido que “el campo está en la calle exigiendo cuestiones de sentido común porque están velando por el futuro del sector primario. Es verdad que a veces está apuntando con el dedo a medidas que no vienen a solucionar los problemas reales del campo”, señalando que “la Junta de Extremadura debería hacer más en sus competencias para poner soluciones encima de la mesa: lo que no es de recibo es que hoy mismo sepamos que se está planteando un precio del tomate que no cubre los costes de producción “. En este sentido ha denunciado que “los industriales no quieren hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria, y la Junta de Extremadura debe velar porque se cumpla y enviar inspecciones para que se pongan las sanciones pertinentes si los industriales no acceden a contemplar el coste de producción del precio que van a recibir las familias tomateras. Con lo cual la inacción de la Junta de Extremadura lo que permite en este caso es el abuso de nuevo a los productores que están en la calle exigiendo unos precios justos”.
Irene de Miguel ha abogado por “que la Consejería de Agricultura tome cartas en el asunto y no mantenga esta equidistancia que solo beneficia a los que abusan del sector. En este caso el Partido Popular tiene muchas competencias en su mano para poder avanzar hacia un sector de futuro, para que haya mayor relevo generacional, unos precios justos en el campo, que haya unas incorporaciones reales, y vemos como lo único que hace es tirar balones fuera hacia el Gobierno de coalición estatal o hacia Bruselas”, sentenciando que “ellos tienen competencias para poner encima de la mesa medidas claras ya”.
