- La portavoz de Unidas por Extremadura ha denunciado que “la Consejera de Agricultura no está haciendo absolutamente nada y es lamentable”
- De Miguel ha pedido a la Junta de Extremadura “que dejen de echar balones fuera”.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha estado apoyando a los agricultores que se han manifestado este miércoles ante las puertas de la sede de la Consejería en Badajoz para exigir medidas en defensa del sector. De Miguel ha defendido ante los medios “la agricultura social y familiar”, y ha afirmado estar “cansada de que se esté echando balones fuera en Extremadura. La Consejera de Agricultura no para de decir que la Unión Europea debe solucionar los problemas del campo cuando ella tiene aquí competencias para solucionar parte de los problemas. Ella es la responsable de hacer efectiva la Ley de Cadena Alimentaria”.
Al respecto ha denunciado que “no está haciendo cumplir con los costes del precio del tomate o del arroz, con los precios que está poniendo encima de la mesa la industria. La Junta de Extremadura en vez de salir a defender a los productores, anunciar sanciones e inspecciones y ponerse del lado de la agricultura social y familiar se están poniendo del lado de estos industriales que no van a hacer salsa de tomate, lo que van a hacer es sangre de agricultor, porque vender a 130 euros la tonelada del tomate es sangre de agricultor y de trabajador del campo”, denunciando que se trata de “empresas que están regadas con dinero público, que se van a Marruecos a producir porque saben que las condiciones laborales y ambientales son más laxas, y se aprovechan de ello para venir aquí y crear competencia desleal”.
Por ello, ha anunciado que “estamos en contra de este modelo y vamos a denunciarlo ante la inacción de la Junta de Extremadura, de la Presidenta y de la Consejera”, recordando que han denunciado esta situación ante la AICA “y que vamos a seguir haciéndolo con aquellos que no cumplan con la Ley de Cadena Alimentaria, que hasta ahora es la única herramienta que tienen los productores para poder defenderse”. Además, Irene de Miguel ha abogado porque “las sanciones sean mucho más grandes, no puede ser que una empresa pague 3.000 euros y se vaya de rositas: tienen que multiplicarse por diez las sanciones a estas empresas que hunden al sector”, argumentando que “si no hay rentabilidad en el campo es muy difícil que la agricultura social y familiar tenga futuro”.
De Miguel ha asegurado que “los problemas del sector primario son complejos y necesita que todas las administraciones empujen para que la agricultura tenga relevo generacional, sea rentable y de futuro, en lugar de echar balones fuera y decir que el problema es del señor Sánchez o es de Europa, que precisamente quien gobierna es la derecha con la extrema derecha. El Comisario europeo de Agricultura es de extrema derecha, entonces no se entiende que la Junta eche balones fuera cuando su responsabilidad también está allí”.
Por todo ello,ha señalado que “la Junta de Extremadura puede tomar medidas eliminando burocracia, haciendo más efectiva la Ley de Cadena Alimentaria, favoreciendo el relevo generacional favoreciendo el acceso a la tierra a los agricultores que quieran ponerse en marcha, planificando para que las eléctricas no usurpen el terreno agrícola. No están haciendo absolutamente nada y es lamentable que lo único que digan es que la culpa es de las zonas ZEPA, porque eso a quien beneficia no es al pequeño agricultor sino a los fondos de inversión”.
