- La portavoz de Unidas por Extremadura ha acusado a la Presidenta de la Junta de “contribuir definitivamente a la muerte de nuestra agricultura familiar y social”.
- El diputado Joaquín Macías ha defendido que traer universidades privadas a Extremadura supondría “un golpe definitivo a la Universidad de Extremadura”.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le ha preguntado hoy a la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura “qué va a hacer su Gobierno para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria”.
De Miguel ha denunciado que “estamos inmersos en unas movilizaciones del campo históricas” y que la “Consejera de Agricultura se ha dedicado a echar balones fuera, hablando del señor Sánchez y de las normativas ambientales de Europa, donde les recuerdo que ustedes tienen mayoría”.
La portavoz le ha recordado a la Presidenta que “su partido no apoyó la Ley de Cadena Alimentaria en el Congreso, la única herramienta con la que cuentan los agricultores para poder defenderse de los abusos de las grandes empresas y los intermediarios”. Además, ha denunciado que “tenían ustedes una oportunidad de oro para demostrar que se ponían del lado de los agricultores defendiendo a los productores de tomate de los precios que no cubren los costes de producción, y no ha sido así, ustedes se han escondido diciendo que son contratos privados y que no pueden hacer nada”.
De Miguel le ha achacado a la Presidenta que “podrían haber interpuesto como administración una denuncia de oficio al saberse el precio del tomate esta misma semana pero han decidido mantenerse equidistantes y eso, señora Guardiola, es tomar partido por las empresas que abusan de nuestros productores”. Por ello, la portavoz ha puesto nombre a estas empresas: “CONESA, AGRAZ, TRANSA, ALSAT… Empresas regadas de dinero público con los incentivos agroindustriales, y que no solo asfixian a nuestros productores sino que explotan a los trabajadores con jornadas de 12 horas de lunes a domingo. Empresas que se van a Marruecos a producir tomates en condiciones laborales y ambientales penosas y produciendo competencia desleal con nuestras producciones”.
Por el contrario, De Miguel ha puesto como ejemplo a “cooperativas de productores como ACOPAEX, que no sólo dan a sus cooperativistas un precio justo sino que han repartido beneficios entre ellos de la campaña anterior”. Sin embargo, la portavoz ha denunciado que “el modelo de la Junta no es fomentar el cooperativismo, ya que de un presupuesto de más de 8.000 millones sólo destinan al cooperativismo 3 millones. Esa es su apuesta por apostar por lo que genera miles de empleos y garantiza precios justos. Un 0,04 por ciento de estos presupuestos”.
Es por ello que ha acusado a María Guardiola de “contribuir definitivamente a la muerte de nuestra agricultura familiar y social, la que decide las cosas en la mesa de la cocina y no en un consejo de administración de un país extranjero”, argumentando que “deja la Ley de Cadena Alimentaria en un cajón por su inactividad y pasividad”.
Por todo ello, Irene de Miguel ha sentenciado que “esta campaña los consumidores no van a encontrar salsa de tomate en los estantes de los supermercados, van a encontrar sangre de agricultores extremeños, y ustedes tienen mucha responsabilidad en ello”.
UNIVERSIDAD PRIVADA EN EXTREMADURA
Por otro lado, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, le ha preguntado a la Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, por su valoración sobre el proyecto de universidad privada en Badajoz.
Macías ha recordado que actualmente existen dos proyectos de universidad privada en Extremadura, en Badajoz y en Plasencia y que “ya el Ministerio de Universidades ha dicho que el proyecto no cumple con los requisitos de tipo académico y de calidad, ya que tiene que haber un mínimo de titulaciones, de garantía, de investigación, de doctores, que las titulaciones que se oferten desde la universidad privada no coincidan con lo que ya existe en el territorio y que haya una demanda de esas titulaciones”, denunciando que “esto afectaría a la Universidad de Extremadura, ya que está infrafinanciada, por lo que va a ser un golpe muy duro para la Uex, ya que no son proyectos compatibles”.
Por todo ello, le ha recordado a la Consejera que “ustedes tienen competencia para traer aquí una ley y permitirlo o no permitirlo” y que “hace mucho tiempo que el mercado universitario está colapsado, hasta el punto de que la última universidad pública se hizo en 1998, y desde entonces solo se han creado privadas, y la mayoría de la iglesia”.
Macías le ha advertido “que podrían darle un golpe definitivo a la Universidad de Extremadura”.
