• La portavoz de Unidas por Extremadura ha defendido que “la soberanía alimentaria garantizaría unos precios justos para nuestros productores”.
  • De Miguel ha denunciado la “ignorancia” del Director General acerca de la soberanía alimentaria de Extremadura.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha intervenido este miércoles en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible para preguntar al Director General de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, si “considera este ejecutivo que es necesario fomentar la soberanía alimentaria en Extremadura”.

De Miguel ha defendido que “inmersos como estamos en las movilizaciones históricas del campo, hablar de soberanía alimentaria se hace más que necesario”, recordando que este término “fue acuñado por Vía Campesina en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO, que tuvo lugar en Roma, y consiste en el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos con base en la pequeña y mediana producción y no en el agroextractivismo”.

La portavoz ha señalado que “miles de agricultores han salido a la calle denunciando que el modelo está fracasando porque no les permite vivir dignamente”. Ante esta situación ha afirmado que hay dos respuestas posibles: “Podemos decirles que ante una nueva coyuntura climática y de escasez de combustibles y minerales hay que cambiar las cosas, pero que nuestra prioridad es que en este cambio estén acompañados y sostenidos porque son un elemento clave, o podemos engañarles y decirles que hay que seguir haciendo las cosas como hasta ahora aunque eso suponga cada vez una agricultura y ganaderia con menos agricultores y ganaderos y una dependencia mayor de importaciones, de multinacionales de agroquímicos y de la cotización de los alimentos en los mercados de valores”.

Por ello, su pregunta va encaminada a conocer si la Junta “va a dar pasos hacia avanzar en el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias o seguiremos abundando y fortaleciendo el modelo agroextractivista que genera tanto descontento entre los agricultores, que los expulsa del sistema y que produce alimentos para los mercados y no para las personas”.

En el turno de réplica, Irene de Miguel le ha respondido a Benítez que “no le sorprende el tono irónico de su intervención y su ignorancia sobre el tema la ha defendido con mucho desparpajo”, afirmando sentirse “decepcionada con su contestación como Director General”.

La portavoz ha defendido que “no pretende instaurar una sociedad autárquica en Extremadura, pero sí fomentar los canales cortos de comercialización en Extremadura y apostar por un modelo donde los agricultores obtengan precios dignos por ello no tiene nada que ver con estar en contra de exportaciones de ciruelas o tomate”.

Al contrario, De Miguel le ha puesto “algunos ejemplos de lo que supondría avanzar hacia la soberanía alimentaria y lo que supone seguir alimentando un modelo que expulsa a nuestros agricultores y deja en manos del agronegocio y los fondos de inversión nuestra alimentación”, incidiendo en que “apostar por la soberanía alimentaria es apostar por la agricultura social y familiar y para ello el relevo generacional se hace vital”.

La portavoz ha insistido en “priorizarla en todas las ayudas y ustedes cuando han tenido ocasión”, denunciando que “en las ayudas por la fiebre hemorrágica epizoótica han dejado fuera a la mitad de los ganaderos afectados, ya que no han modulado las primeras cabezas de ganado con lo cual no han beneficiado a los que sin duda más lo necesitaban”.

Por ello, ha defendido que “apostar por la soberanía alimentaria no es poner alfombra roja a los fondos de inversión”, preguntándole al Director General “cómo puede ser que se sigan concediendo autorizaciones para instalar olivar hiperintensivo por parte de estos conglomerados empresariales”, y “cómo puede ser que en las concesiones de riego no se priorice a los agricultores que llevan años, incluso décadas, soportando los costes de mantenimiento del regadío, y cuando hay escasez de agua se quedan sin poder regar por no tener cultivos permanentes como los fondos de inversión”.

De Miguel ha continuado defendiendo que “avanzar hacia la soberanía alimentaria supondría comenzar a dar pasos hacia un modelo de compra pública alimentaria que abasteciera con productos de cercanía a los espacios de restauración colectiva”. Para la portavoz esto “garantizaría precios justos a los productores, aumentando así la rentabilidad de sus explotaciones”. Además, ha abogado por “educar al consumidor en los alimentos que producimos”. Para la portavoz “aumentar el consumo de cordero debería ser un objetivo de una administración comprometida con el sector primario. Mientras en Europa el consumo se sitúa en 3,7 kg por persona al año, en nuestro país es de 1,4, y en Extremadura este es aun más bajo, 0,8, siendo la segunda comunidad con menor consumo aunque seamos los principales productores de cordero del país y de Europa”.

De Miguel ha continuado defendiendo que “trabajar hacia la soberanía alimentaria sería no poner inmensas trabas a las producciones artesanas como sucede en Extremadura”, poniendo el ejemplo de las “trabas que aquí ponemos al vino de pitarra”. La portavoz le ha preguntando al Director General “¿cómo puede ser que a una pequeña quesería se le pida lo mismo que a García Vaquero?. Resulta que la legislación por la que se rigen las industrias alimentarias es la misma en todo Europa y cuando visitamos Francia, Italia, incluso la cercana Portugal vemos un abismo entre lo que se puede hacer allí y lo que se permite hacer aquí”, señalando que “el problema está en que aquí no se apuesta por la soberanía alimentaria que genera productos de alta calidad, empleo local y mantiene vivas nuestras tradiciones”.

Un soberanía alimentaria que para De Miguel debe pasar por “fortalecer la venta directa y los mercados locales”. Además, ha apostado por “la agroecología, otro modelo de producción de alimentos menos dependiente de combustibles fósiles y de fitosanitarios de

multinacionales de agroquímicos”, para lo que ha pedido “voluntad de las administraciones y un ejército de técnicos en campo ayudando a los agricultores a poner en marcha nuevas técnicas que aumenten la fertilidad de sus suelos y les haga más resistentes a las posibles plagas y enfermedades”.

Por último, Irene de Miguel ha señalado que “el desequilibrio ecológico y el aumento del coste de los insumos a quien más afecta es a la agricultura profesional y familiar”, por lo que ha apostado por “avanzar hacia una agricultura que mitigue el cambio climático”, y por defender “a nuestros agricultores y ganaderos que están en primera línea de lucha, son guerrilleros climáticos y precisamente no pueden hacerlo solos. La administración debe apoyar, acompañar y compensar por todo esto. Y también por supuesto, las restricciones medioambientales quienes deben de cumplirlas de manera más exigente son los más grandes”.

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