- La portavoz de Unidas por Extremadura ha denunciado que “las políticas del Gobierno de la Junta no son favorables para los jóvenes que nazcan en entornos sociales desfavorecidos”.
- El diputado José Antonio González ha pedido a la Consejera de Salud que “desbloquee el convenio de los trabajadores del transporte sanitario terrestre”.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha preguntado en el Pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves a la Presidenta María Guardiola si “considera que con sus políticas va a funcionar el ascensor social en Extremadura”, cuestionando que “los jóvenes que nazcan en entornos sociales desfavorecidos van a poder tener las mismas oportunidades para poder construir la vida que deseen en Extremadura que otro que las traiga de cuna”.
De Miguel ha denunciado que “los datos de desempleo, de pobreza, de emancipación juvenil, de renta per cápita siempre nos sitúan a la cola de los rankings de nuestro país. El estado de bienestar y una administración que vele por la justicia social es básica en Extremadura si queremos caminar hacia la equidad”.
La portavoz se ha mostrado preocupada “mucho porque consideramos que van a profundizar las brechas sociales que existen en nuestra tierra”, señalando que “plantear que las becas universitarias no tengan límite de renta y exigir un ocho en el expediente genera desigualdad”. Por ello, ha cuestionado que la Presidenta conozca “a ningún joven que esté estudiando y tenga que trabajar a la vez para poder pagarse los estudios”, preguntándole si “cree que lo tienen más fácil para poder sacar un ocho de media y acceder a sus becas que alguien que no necesite trabajar para poder ir a la Universidad. Quizás es que esa realidad ustedes la sienten muy lejana, y por eso plantean que no es necesario que haya requisito de rentas”.
Irene de Miguel ha defendido que “un joven que se vea obligado a trabajar y estudiar se merece mucho más una beca aunque no pueda sacar un 8”. Además, ha denunciado que “el 85 por ciento de los jóvenes extremeños no puede emanciparse y, casualmente, más de una veintena de localidades extremeñas tienen los alquileres por las nubes, que es lo mismo que decir que el mercado inmobiliario está tensionado o que vivimos una emergencia habitacional”.
Ante esta situación, la portavoz ha criticado que la solución que plantean desde el Gobierno de la Junta sea “avalar la compra, pero otra vez Presidenta sin límite de renta. Señora Presidenta no creo que le tenga que explicar yo que quizás quien necesite un aval y no pueda tenerlo no sea quien se compre una casa de 250.000 euros precisamente. Además, el aval de esas viviendas es mucho más elevado que el de una de 50.000”, insistiendo en que “sin tope de renta de nuevo vuelve a permitir que las ayudas no vayan a quien más lo necesita”.
De Miguel ha criticado que “no vaya a declarar zonas tensionadas los barrios y municipios donde los alquileres han subido vertiginosamente en el ultimo año y, con ello, ayudar a equilibrar el mercado ni hablamos, dejando campar a sus anchas la especulación”.
Además, ha denunciado que “tampoco sean sensibles a la falta de acceso a la tierra para los jóvenes agricultores aunque esta sea una de sus primeras demandas, y cada vez veamos más presión por parte de los fondos de inversión y de las eléctricas sobre nuestras tierras fértiles”.
La portavoz ha continuado su intervención señalando que “para rematar ayer mismo nos enteramos que echan ustedes a la calle a 45 ATE cuidadoras, dejando sin este servicio a docenas de niños y niñas, los más vulnerables de nuestras aulas, los que más necesitan una escuela inclusiva”.
Por todo ello, Irene de Miguel le ha dicho a la Presidenta que no tiene claro “si tiene usted un modelo para Extremadura porque hasta ahora usted no ha hecho más que copiar las políticas turbo-capitalistas de Madrid de la Señora Ayuso”, y ha sentenciado que “lo que sí que tengo claro es que su ascensor social no va a funcionar nunca con sus políticas y los jóvenes, y los más necesitados y vulnerables solo van a encontrar en este gobierno un portazo”.
CONVENIO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES DE LAS AMBULANCIAS
Por otra parte, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha preguntado a la Consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García, “qué va a hacer la Junta de Extremadura para desbloquear la renovación del Convenio Colectivo del transporte sanitario terrestre en Extremadura”.
González Frutos ha denunciado que “el convenio del transporte sanitario terrestre lleva caducado desde el año 2017”, defendiendo que “no solo tiene que ver solo con un acuerdo entre trabajadores y empresa, sino que estamos hablando también de un servicio público”.
El diputado ha denunciado “de las casi 50 reuniones citadas de la empresa y los trabajadores, el SES anterior y el actual no ha acudido: el compromiso con el desbloqueo es relativo”. Por ello, ha defendido que “el desbloqueo del convenio colectivo es vital para la redacción del pliego. ¿Cómo se va redactar un pliego sin saber cuál es el coste de personal? ¿El precio que poner es ‘a voleo’?”.
José Antonio González ha cuestionado que “una empresa seria concurra a un concurso en el que no sepa la conflictividad que tiene el sector y cuánto va a costar el personal”. El diputado ha denunciado que “los trabajadores están con un estrés psico-social importante, con un número de bajas muy importantes”.
Por todo ello, le ha pedido a la Consejera “el desbloqueo del convenio antes de realizar el pliego, porque sino es imposible sacar un nuevo pliego”, defendiendo que “se saque esta cuestión del debate político, algo que ya nos ha pedido el Presidente del Comité de Empresa de Cáceres. Nosotras defendemos la gestión pública, pero estamos dispuestos entre todos a aportar en un pliego para que nos pongamos de acuerdo en un nuevo modelo”. González Frutos ha sentenciado que “no podemos permitirnos más fracasos en el transporta sanitario terrestre: ni los trabajadores ni los usuarios se lo merecen. Hagan lo que predican, que es presumir de diálogo”.
