• La diputada Nerea Fernández ha instado a la Junta a mejorar la situación laboral laboral de las trabajadoras de las oficinas de igualdad.
  • Fernández ha presentado una Propuesta de Impulso para “proteger los derechos de las mujeres buscadoras”.

La diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha participado este lunes en la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Asamblea de Extremadura para preguntarle a la Directora General del Instituto de la Mujer, Beatriz Arjona, “qué medidas piensa adoptar la Junta de Extremadura para mejorar la estabilidad en las oficinas de igualdad y los puntos de atención psicológica”.

Fernández ha explicado que “la violencia de género es algo que nos preocupa mucho en Extremadura y nos hemos encontrado que, sobre todo, en los puntos de atención psicológica la inestabilidad que se convocan de las plazas laborales hace que se merme esa atención a las víctimas de violencia de género”.

Aunque la diputada reconoce que “la responsabilidad es de los Ayuntamientos”, ha señalado que “son también un punto fuerte del Estatuto de la Mujer en Extremadura y nos hemos encontrado que muchas trabajadores y profesionales en estos puntos de atención no son capaces de llegar a una estabilidad laboral, porque aunque en las plazas se llegó a un acuerdo de que fueran bianuales, en muchos puntos se hacen de manera anual o siquiera se convocan, como está pasando en Jarandilla de la Vera o la deficiente gestión que está habiendo en Navalmoral de la Mata o en Cabezuela del Valle, o en Coria que está cerrado”.

La diputada ha advertido que “cuando nos hemos reunido con las profesionales que están trabajando en estos puntos de atención psicológica nos cuentan esta situación. Al no tener esa estabilidad laboral, las personas que son las que tratan de manera tan directa, como primer punto y contacto con las víctimas de violencia de género, nos cuentan que es muy difícil llegar a tener una atención profesional en estos centros precisamente por eso”. Nerea Fernández ha denunciado que “esta inestabilidad laboral no garantiza al final una atención real a las víctimas de violencia de género”.

La diputada ha valorado de forma positiva que “la Junta reconozca que hay una deficiencia y que afirme tener una respuesta para intentar hacer algo”, destacando que “siempre suele haber deficiencias de servicio en el norte de Cáceres, en el Valle del Jerte, del Ambroz o la Sierra de Gata, donde no llegan este tipo de servicios y derechos que son para las personas que están sufriendo malos tratos por violencia de género y los menores”.

PROTECCIÓN A LAS MUJERES BUSCADORAS EN COLOMBIA

En el segundo turno de intervención, la diputada de Unidas por Extremadura ha presentado una Propuesta de Pronunciamiento “instando al Gobierno de España a realizar un pronunciamiento institucional de respaldo a los derechos de las Mujeres Buscadoras de personas desparecidas en Colombia dirigiéndose, para ello, al Presidente de la Comisión Primera del Senado de la República de Colombia con el fin de que agende el primer debate del Proyecto de Ley 242 de 2022, para garantizar la continuación del proceso legislativo en aras de proteger los derechos de las mujeres buscadoras”.

Nerea Fernández ha defendido la necesidad de esta Propuesta, explicando que “Colombia sufre un conflicto armado desde hace 60 años, que ha dejado unos 450.000 muertos y entre 120.000 y 200.000 desaparecidos en todos los años de la guerrilla”.

Fernández ha denunciado que “la respuesta que ha dado el Estado colombiano ha sido muy deficiente, incluso ha llegado a ser cómplice, por acción u omisión, por impedir la búsqueda de personas desaparecidas en este conflicto”. Al respecto la diputada ha señalando que “el 95 por ciento de las personas que buscan son mujeres porque la mayoría de las personas desaparecidas son líderes sociales, sindicalistas y hombres que han estado trabajando por la paz y la igualdad en Colombia”.

Por ello, ha denunciado que “estas mujeres buscadoras sufren un estigma asociados que son precisamente mujeres”, y ha puesto en valor el trabajo realizado por el Gobierno actual de Gustado Petro en Colombia para avanzar: “Esta Ley constituye un proyecto único y pionero en América Latina, que resalta y reconoce el papel fundamental de las mujeres en la búsqueda, y estas medidas de reconocimiento establecen que haya el Día Nacional de Reconocimiento de las Mujeres de Víctimas de Desaparición Forzada. Esta Ley se presentó el 16 de mayo de 2023, fue aprobada de manera unánime en el primer debate, añadiendo algunas cosas que la mejoraban”.

Fernández ha explicado que “es imprescindible que esto vaya al Senado y es aquí donde nos piden las personas que vinieron desde Colombia a reunirse con los Grupos Parlamentarios a que instemos instar a la Cámara del Senado a que esta Ley no la bloqueen para que vaya al Senado”.

La diputada ha defendido que “esta propuesta precisamente viene de personas extremeñas que trabajan en Extremadura con las brigadas internacionales de paz y decir que esto no interesa a los ciudadanos extremeños es mentir o no conocer la realidad”, recordándole al Partido Popular que “cuando se reunieron con ellas dijeron que estaban muy a favor de esto y que querían traer alguna propuesta a la Asamblea”, denunciando que “lo hemos traído a Comisión y están votando en contra”.

Fernández ha defendido que “esto se trata de solidaridad internacional, algo que es un trabajo importante de todos los parlamentarios, tanto regionales como nacionales y por eso es también necesario traer estos asuntos a esta Comisión, porque aunque digan que los extremeños no son solidarios y no les interesa los temas internacionales, aquí se siguen haciendo pronunciamientos internacionales todas las semanas y meses”.

Por último, la diputada ha destacado que “hoy es 25 de marzo, una fecha muy importante para Extremadura. Fue la expropiación de las tierras de nuestros jornaleros extremeños y de esa expropiación vino después la matanza de la plaza de toros de Badajoz donde se asesinó a 4.000 personas”, explicando “las mujeres buscadoras tienen mucho que ver con nuestras leyes de memoria democrática en Extremadura, porque la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición también son internacionalistas: nuestras luchas como pueblos son muy similares y nosotras vamos a seguir defendiendo y traer a todos los sitios este tipo de leyes para seguir recordando y reivindicando nuestra memoria como pueblo extremeño”.

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