- Unidas por Extremadura va a preguntarle al gobierno de María Guardiola si va a aplicar la ley de vivienda estatal para topar el precio de los alquileres.
- La formación preguntará también por el nuevo acuerdo marco del transporte escolar e instará a que se agilice la regularización de 500.000 personas migrantes en situación irregular.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido este martes tras la Junta de Portavoces en la Asamblea de Extremadura para informar de las propuestas que van a llevar al próximo Pleno de este jueves desde su Grupo Parlamentario.
De Miguel ha comenzado trasladando “nuestro pésame a los familiares y allegados del fallecido en el último accidente laboral”, un joven de 32 años en Don Benito, alertando de que “en las últimas 24 horas Extremadura ha sufrido tres accidentes laborales”. Por ello, ha exigido “unas condiciones laborales dignas y seguridad en el trabajo para evitar estos lamentables accidentes, que se repiten con demasiada frecuencia en nuestra tierra”.
En cuanto al Pleno de este jueves, la portavoz de Unidas por Extremadura ha adelantado que van a preguntarle al Consejo de Gobierno “si piensa aplicar la ley estatal de vivienda o quiere unirse a esa insumisión de las comunidades autónomas del Partido Popular”. De Miguel ha señalado que “en Extremadura hemos sufrido una subida de la vivienda tanto de la venta, como del alquiler y que el Gobierno extremeño se niegue a aplicar esta ley de vivienda, que a nuestro juicio se quedó corta y que era indispensable para garantizar el derecho a la vivienda, es un insulto a la ciudadanía”.
En relación a ello ha recordado que “este próximo domingo va a haber movilizaciones en las grandes ciudades extremeñas precisamente reclamando medidas para bajar los alquileres, y negar que actuar en este sentido para topar el precio de los alquileres vaya a facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes y las familias trabajadoras es negar la realidad, porque allí donde se han topado los alquileres ha habido una bajada sustancial del precio de la vivienda. Ponemos como ejemplo Viena o Barcelona, donde ya se está viendo que han bajado gracias a que se toparon los precios la legislatura pasada”.
De Miguel ha criticado que “el Partido Popular siempre y constantemente se pone del lado de los rentistas y de los caseros, que son solo el seis por ciento de la población española, y de los fondos buitre que están haciendo negocio con la vivienda”. Además, ha añadido que “el Partido Socialista directamente no es que se ponga del lado de los caseros, es que no hace nada, y su inacción contribuye a que el mercado inmobiliario siga especulando con un bien básico como es la vivienda, y que, además, la legislatura pasada se aprobó in extremis una ley de vivienda autonómica mucho menos ambiciosa que la ley de vivienda estatal, diseñada para darle una patada al balón hacia adelante y no profundizar en medidas útiles para bajar el precio del alquiler”.
TRANSPORTE ESCOLAR
Irene de Miguel ha informado de que desde su grupo van a interpelar a la Consejera de Educación sobre el nuevo acuerdo marco del transporte escolar: “Queremos que se nos explique este acuerdo, y saber cuáles son los criterios para conceder las rutas, porque hasta ahora sabemos que existen muchísimas quejas de las familias que ven como sus niños y niñas tienen que acudir a sus centros educativos en autobuses que no cumplen con los mínimos de seguridad”.
De Miguel ha recordado que “esto lo hemos denunciado ya, pero queremos que la Consejera nos diga qué medidas ha puesto en el acuerdo marco para evitar que haya empresas que juegan con la seguridad y con los niños y niñas que se montan en un autobús para ir al colegio o al instituto”. Además, también van a preguntar “por los criterios para cerrar o eliminar ciertas rutas que hemos visto como no blindan la educación rural: se ha planteado en este curso cerrar rutas que obligaban a las familias de ciertos municipios a tener que buscarse la vida para que los niños tengan que seguir estudiando en el instituto que estaba lejos de su residencia”.
PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO PARA AGILIZAR LA REGULARIZACIÓN
Por último, Unidas por Extremadura va a presentar una Propuesta de Pronunciamiento “para que se agilice el proceso de aprobación de la ILP que pretende que se regularice a 500.000 migrantes que están en una situación administrativa irregular, que ha tenido 700.000 firmas, y que ha salido adelante su tramitación en el Congreso por parte de la mayoría política”.
De Miguel ha exigido “que se haga cuanto antes. Necesitamos que esas personas abandonen el mercado negro, la explotación laboral a la que se ven sometidas por no tener papeles, derechos”. La portavoz ha defendido que “en Extremadura y España no sobran inmigrantes, lo que sobran son personas racistas. Necesitamos a personas inmigrantes para que construyan una Extremadura y España mucho mejor y fuerte, porque al final son las personas que están recogiendo nuestros alimentos en el campo, las que están cuidando a nuestros mayores, sirviendo en la hostelería, y no pueden hacerlo en las condiciones de precariedad y explotación en las que se están viendo sometidas por no tener papeles en regla, cuando sabemos que son esenciales para la economía”.
Irene de Miguel ha defendido que “migrar no es un delito. Una persona inmigrante es una persona que no tiene su situación administrativa regularizada, pero es una persona que no ha cometido ningún delito”, oponiéndose a “esta criminalización de las personas migrantes que hace la extrema derecha constantemente porque es una falacia y va en contra de los derechos humanos y son delitos de odio”.
