- La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo está vulnerando varias leyes, como el convenio Aarhus o la Ley de Transparencia con estos proyectos extractivos
- De Miguel solicita además que desde el Ejecutivo regional se evalúe los beneficios que estas explotaciones van a generar en el territorio “porque ya está bien de que Extremadura sea pisoteada”
Unidas por Extremadura ha pedido al gobierno del PP que “cumpla las leyes” con los proyectos mineros de la región. En una moción defendida por la portavoz, Irene de Miguel ha asegurado “que es curioso que nos achaquen a nosotros de querer vulnerar las leyes, cuando lo que les pedimos precisamente en esta moción es que ustedes las cumplan”.
Y es que la portavoz ha asegurado que, en relación a los proyectos mineros de Sierra de Gata, el Ejecutivo popular está vulnerando el convenio Aarhus, que permite que todas las personas puedan presentar alegaciones a proyectos que afecten al medio ambiente. “Ustedes están exigiendo los certificados de titularidad para quitar las alegaciones”, ha dicho la portavoz, quien ha añadido que “tratar así a la ciudadanía que se organiza para defender su territorio no es de recibo”. “Es incomprensible que estén de parte, aunque lo nieguen”.
De Miguel, en relación a estos proyectos de la Sierra de Gata, también ha pedido que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura no apruebe ningún plan general municipal que suponga una reducción de la protección ambiental. “Que no ocurra como el plan general de Acebo, cuyo borrador, elaborado por la Consejería, planteaba la puesta en marcha de actividades extractivas en la Red Natura 2000”.
La portavoz de Unidas por Extremadura también ha exigido en la moción que cumplan con la Ley de Transparencia que están incumpliendo en el caso de la mina La Parrilla “porque están vetando información de un expediente público a los empresarios afectados”. “¿Y qué hacen ustedes? Recurrir la resolución del Consejo de Transparencia, que les ha requerido que den la información, ante la Audiencia Nacional”.
“Les estamos pidiendo que cumplan esta ley –ha continuado De Miguel- para evitar que la Junta de Extremadura sufra una estafa porque la empresa les está diciendo a ustedes que tienen solvencia económica para volver a explotar la mina, pero en el juzgado está diciendo que si tiene que pagar lo que debe a los empresarios extremeños va a concurso de acreedores”. La portavoz ha insistido en que desde Unidas por Extremadura no les están pidiendo que no le conceda el permiso de explotación, “sino que lo que estamos pidiendo es que esperen a una sentencia judicial”.
Por último, en relación a la mina de Cáceres, Irene de Miguel ha recordado que hace dos semanas 7.000 personas salieron a la calle exigiendo que no se abra la mina, “que sería la mina de litio más cercana a un núcleo urbano del mundo”. “Les pedimos aquí que actúen con transparencia –les ha pedido- y valoren todos los informes realizados por los técnicos del ayuntamiento”, en clara alusión al informe que se ocultó desde la corporación municipal que alertaba de la inviabilidad del proyecto minero.
De Miguel ha asegurado durante su exposición que todas estas peticiones “son parches” y ha exigido que la política minera de la región plantee “qué obtiene el territorio y por donde no vamos a consentir pasar”. Y es que la portavoz ha recordado que, a pesar de que la consejera dice lo contrario, “las actividades extractivas tienen impactos negativos en el territorio, y negar esto no nos lleva a ningún sitio”.
“Llevamos muchas décadas viendo cómo grandes empresas vienen a llevárselo crudo, a hacer jugosos beneficios con nuestros recursos, y yo creo que ya va siendo hora de que Extremadura deje de ser pisoteada”, ha dicho De Miguel. “En sus manos está”.
