- La portavoz de Unidas por Extremadura ha defendido que “la gente debe poder decidir sobre su futuro, como pide Europa y como viene recogido en nuestro Estatuto de Autonomía”.
- De Miguel ha denunciado “la falta de ordenación, de planificación y de garantías para evitar que estos proyectos mineros acaben expulsando a los extremeños de su tierra””.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha presentado una Propuesta de Impulso en la cámara extremeña este jueves instando a la Junta de Extremadura a promover la realización de consultas ciudadanas en las comarcas afectadas por la instalación de proyectos mineros y a denegar los permisos de investigación y explotación a empresas con sanciones graves e incumplimientos de normativa.
De Miguel ha comenzado su intervención parafraseando al Papa Francisco: “Es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable a nuevas guerras disfrazadas muchas veces de nobles reivindicaciones. Los riesgos crecen cuando se trata de conflictos con los recursos naturales”. La portavoz ha puesto en valor su figura de esta forma con sus palabras: “No andaba desencaminado el Papa Francisco en su encíclica donde abordaba la necesidad de la sostenibilidad ambiental del planeta y criticaba muy duramente el extractivismo, el modelo económico basado en la explotación indiscriminada de los recursos naturales”.
“Lo que llevábamos años vaticinando es hoy más que una realidad”, ha advertido De Miguel: “Y es que Extremadura se va convertir en una colonia minera ahora bajo la excusa del rearme, la transición energética o el desarrollo tecnológico”.
La portavoz ha criticado que “mientras la Junta ve esto una oportunidad hay otras personas que lo que ven es una amenaza a su forma de vida, a su entorno y se organizan y defienden su territorio”, y ha alertado que “actualmente Extremadura cuenta con 147 permisos de investigación minera vigentes o en trámite, según la Dirección General de Minas, casi el triple de lo que existían en 2023, fruto de que Europa ha apostado por la minería metálica. Somos uno de los puntos calientes de la minería”. Una situación que a la portavoz de esta formación le “preocupa mucho porque existe una increíble falta de ordenación, de planificación y de garantías para evitar que estos proyectos mineros acaben expulsando a los extremeños de su tierra”, alertando que “puede afectar a la salud, al medio ambiente, a los modelos productivos que están ya en marcha y que llevamos años financiando a través de proyectos de desarrollo rural”.
Para De Miguel es impensable que estos proyectos “se puedan abrir en cualquier lugar, a escasos kilómetros de una ciudad patrimonio de la humanidad o de entornos inigualables como es la Sierra de Gata o un geoparque como Las Villuercas. Es increíble que atendiendo solamente a la legalidad podamos permitir que estos proyectos se pongan en marcha”, destacando que se trata de “una ley franquista, que gustará a algunos nostálgicos, pero que tiene más de 50 años”.
Irene de Miguel ha defendido en la cámara que “la minería no es un sistema de desarrollo sostenible. No genera empleo, no es un modelo sostenible en el tiempo y allí donde se pone en marcha genera contaminación, problemas de salud y una absoluta desectructuración social, sobre todo cuando las minas se cierran”.
Por todo lo expuesto, la portavoz de la formación de la oposición ha señalado que “pedimos cosas que son de sentido común, no la prohibición de las minas, sino lo que nos exige Europa: que todos los proyectos mineros tengan la aceptación social, la transparencia y la sostenibilidad adecuada”. En esta línea ha puesto encima de la mesa el Artículo 9.50 del Estatuto de Autonomía extremeño: “Pedimos que se hagan consultas ciudadanas en todos los municipios afectados por los proyectos mineros, para que el futuro de Extremadura no se decida en un despacho en Bruselas o lo que es peor, en un despacho de un fondo de inversión de Australia, Canadá o Estados Unidos”.
Por ello, ha defendido que “esto se decida en Extremadura, ya que es una demanda de los territorios que quieren poder decidir y tener voz”, recordando que “esta misma semana los alcaldes de siete municipios de todos los colores políticos han firmado en contra del proyecto de prospección ‘Esperanza’, y lo hacen porque ven que este proyecto es una amenaza que alteraría de manera irreversible el equilibrio social, ambiental y económico de esta comarca”. Así, ha puesto en valor que los alcaldes de estos municipios “son los mejores para decirnos qué camino debemos seguir”.
Por último, Irene de Miguel ha insistido en su defensa de que “la gente debe poder decidir sobre su futuro con total transparencia e información. En 2025 Extremadura debe poder alzar la voz y no volver a ser pisoteada de nuevo por intereses ajenos a nuestra tierra”, poniendo el foco en “la transparencia y la sostenibilidad, que es lo que nos exige Europa”, señalando el ejemplo de la empresa promotora del ‘Proyecto Esperanza’: “Cuando terminó de explotar la mina de Los Santos en Salamanca se declaró en suspensión de pagos, dejando inconclusos los trabajos de restauración, y a día de hoy está pidiendo a la Junta un permiso de investigación para volver a hacer aquí la misma tropelía”.
“No son casos aislados, sino el modus operandi de estas empresas”, ha advertido la portavoz: “Vienen de otros países de hacer lo mismo y no podemos permitir que vengan aquí a arrasar. O ponemos pie en pared y defendemos Extremadura o nuestra tierra va a quedar destrozada y ultrajada por los buitres que han puesto sus ojos en Extremadura”, abogando por el contrario por “caminar sin dar la espalda a la gente. Al menos preguntemos a la ciudadanía que es lo que quiere para su tierra”.
