- La portavoz de Unidas por Extremadura ha defendido una propuesta en la que se instaba al Estado a desarrollar una empresa pública de energía para ordenar y planificar el sistema eléctrico y prevenir futuros apagones
- De Miguel ha aseverado que exigir esa empresa desde Extremadura es “coherente, sensato y justo” y ha denunciado las irregularidades y la vulneración de las condiciones laborales que están perpetrando las grandes empresas energéticas en la región
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido este jueves que los diputados y diputadas extremeñas “elijan bando”, que decidan si están “con la soberanía extremeña o con las empresas saqueadoras y colonizadoras”. Lo ha hecho durante la defensa de una propuesta de pronunciamiento en la que instaba al Estado a crear una empresa pública de energía para planificar y ordenar el sistema eléctrico, y que ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios.
De Miguel ha señalado que la propuesta de esa empresa pública de energía desde Extremadura es algo “coherente, sensato y justo”. “Es una necesidad estratégica que nos permitiría tener precios justos de la energía, revertir los beneficios que genera, crear empleo local digno y luchar contra la pobreza energética”, ha añadido.
La líder de Unidas por Extremadura ha dicho que “puede que a muchos les da urticaria hablar de una empresa pública”, pero ha recordado que esa misma empresa la tienen estados como Italia, Noruega, Suecia, Austria, Alemania, Finlandia, Uruguay, Chile o China. Además, ha señalado que la transición energética no está sirviendo a que cambie el modelo que hasta ahora se ha implantado. “La energía sigue en manos de las grandes empresas de siempre, cuyo único objetivo es seguir ampliando beneficios a toda costa”.
De hecho, la portavoz ha afirmado que el informe del Ministerio, y también el de Red Eléctrica, sobre el apagón señala directamente a esas empresas, y concretamente, según algunos medios, a la planta de Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola. “Una planta rodeada de irregularidades desde su inauguración, que está en el Tribunal Supremo después de que el TSJEx ordenara que se desmantelara al 60 por ciento por haber expropiado de manera ilegal a un ciudadano extremeño”. “Una planta -ha continuado- que es un engaño manifiesto, que prometió más de 2.000 empleos y a día de hoy no llega a un centenar”.
De Miguel también ha señalado las condiciones laborales que están generando estas empresas energéticas en la región. Ha citado una información de El Salto en el que los trabajadores del parque solar han denunciado que trabajan 11 horas diarias, durante 6 días a la semana, por 8 euros la hora. “Esto tiene un nombre, se llama explotación”, ha dicho la portavoz.
Por último, la líder de Unidas por Extremadura ha recordado que estas empresas energéticas son también las dueñas de Almaraz, que está ahora mismo en parada debido a un incidente. “Es el tercero este trimestre y el segundo en lo que llevamos de mes”, ha dicho De Miguel, quien considera que no se puede prolongar más la vida útil para la que fue diseñada “porque una central nuclear no es como la fecha de caducidad de un yogur”.
Ante todo esto, unido a la falta de planificación y de ordenación del sistema eléctrico, Unidas por Extremadura ha vuelto a insistir en la necesidad de poner en marcha una empresa pública de energía.
