- La diputada Carmen Ibáñez, encargada de la defensa de las 48 enmiendas de la formación, ha asegurado que La Ley de Concordia blanquea la historia del franquismo e invisibiliza la represión y la vulneración de los derechos humanos del régimen
- Ibáñez ha afirmado que esta ley es la “Ley de la Discordia” y ha mostrado sus dudas sobre la legalidad de la misma, “ya que podría chocar contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura en lo que toca a la promoción de valores democráticos
Unidas por Extremadura ha defendido este jueves las 48 enmiendas parciales presentadas a la “mal llamada” Ley de Concordia, impulsada por el Partido Popular y Vox. La diputada, Carmen Ibáñez, encargada de la defensa de las enmiendas, ha explicado durante su intervención en la Cámara que el objetivo de las mismas es cuestionar “el carácter revisionista de al ley” y garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Ibáñez ha criticado duramente la propuesta de ley, asegurando que la misma, “blanquea la historia del franquismo”. “Evita hablar de la dictadura y del golpe militar de 1936 contra un gobierno democrático, también evita e invisibiliza la represión y las violaciones de derechos humanos el franquismo”, ha asegurado. “Lo que no se nombra no existe”, ha insistido.
La diputada de Unidas por Extremadura ha continuado asegurando que la propuesta de las derechas intenta reinterpretar el pasado, “de forma que se diluya la responsabilidad del franquismo en la brutal represión”. “Nos parece insultante que el texto evite nombrar al franquismo como lo que fue, una dictadura represora”.
Por ello, desde la formación han planteado, con sus enmiendas, crear una Fiscalía para investigar las desapariciones forzadas; bancos de ADN gratuitos para la identificación de los restos óseos; la puesta en marcha de un fondo autonómico para indemnizaciones a víctimas de persecución política, de género, orientación sexual, identidad o violencia institucional; la limitación del veto familiar “para que la oposición de un solo familiar no paralice las exhumaciones”, así como, entre otras, la financiación de los gastos de investigación, localización, exhumación e identificación “sean sufragados por la Administración autonómica”.
Ibáñez ha cuestionado, además, la legalidad de la normativa propuesta, ya que a juicio de la formación puede atentar contra los principios democráticos incluidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Pero además, cree que la norma es “un ultraje social” que busca instalar un discurso del olvido, “y no queremos olvidar” porque, según la diputada de Unidas por Extremadura, “sin memoria, no hay democracia ni futuro”.
Por último, Ibáñez se ha referido a las asociaciones de memoria histórica de la región, asegurando que, aunque la norma salga adelante, “las asociaciones y el movimiento están intactas, su espíritu es imparable y su lucha no va a cesar”.
