Irene de Miguel acusa al gobierno del PP de incumplir la ley con el proyecto de la mina de Cáceres

  • La portavoz, Irene de Miguel, ha asegurado que el gobierno del PP ha actuado de forma “negligente e irresponsable” al otorgar a la empresa promotora de la mina un permiso de explotación directa “sin garantías de la solvencia económica” y declararlo PREMIA
  • De Miguel ha pedido “luz y taquígrafos” ante este proyecto y lamenta que hayan tenido que salir 8.000 personas a la calle “para que el PP empiece a tomarse en serio hacer las cosas bien y dejar de ponerle alfombras rojas a una empresa especuladora”

Unidas por Extremadura ha mostrado “las alarmas” que le ha generado el requerimiento de información que el gobierno del PP ha solicitado a la empresa promotora de la mina de litio de Cáceres. La portavoz, Irene de Miguel, ha asegurado, en una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea a la consejera de Agricultura, que el Ejecutivo regional “ha tramitado un permiso de explotación directa sin garantías de la solvencia económica necesaria para llevarla a cabo”, algo que, según la formación, “no solo es una tremenda irresponsabilidad, sino que está recogido en la propia Ley de Minas, a pesar de encontrarse obsoleta”.

Por ese motivo, De Miguel ha insistido en que están gestionando el expediente de la mina de manera “negligente” y ha acusado al gobierno del PP “de sortear la ley, una y otra vez, constantemente”.

De hecho, ha denunciado que en ese requerimiento de información se le da a la empresa promotora un plazo de 6 meses para aportar toda la documentación, “cuando según el artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo el plazo de subsanaciones es de 10 días”. “Curioso el doble rasero que se tiene con empresas que en demasiadas ocasiones han demostrado su falta de seriedad y solvencia”, ha añadido.

La portavoz de la formación ha apremiado al gobierno del PP a que “reconozca el coladero que supone la denominación PREMIA a proyectos a los que ustedes no exigen casi ninguna garantía, pero que se ven beneficiados con una tramitación administrativa express y subvenciones directas al empleo”. “Hoy sabemos que este proyecto debería haber presentado mucha más documentación que es vital para poder evaluar convenientemente una actividad que conlleva tanto conflicto social por las implicaciones ambientales, socioeconómicas y de salud que su puesta en marcha supone”.

De Miguel ha pedido, una vez más, “luz y taquígrafos” en relación al proyecto de la mina de Cáceres y ha asegurado que “cuando la situación se ha hecho insostenible por el fuerte rechazo que ha levantado el proyecto en la sociedad cacereña es cuando piden documentación sensible”. “Han tenido que salir 8.000 personas a la calle para que ustedes empiecen a tomarse en serio hacer las cosas bien, de una vez por todas, y dejar de ponerle alfombra roja a esta empresa extractiva y especuladora con nuestros recursos”, ha insistido.

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