- La portavoz de Unidas por Extremadura ha abogado por “pelear para que aumente el número de municipios que tengan ayuda a domicilio pública y con condiciones dignas para las trabajadoras”.
- Además, la portavoz ha criticado por otro lado que “PP y PSOE aprobaran una Ley específica, la Ley de macrocasinos” que han “puesto alfombra roja” a proyectos como el de Elysium City.
Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, ha apostado “por un replanteamiento profundo en la ayuda a domicilio” en la rueda de prensa ofrecida este lunes en su sede.
En este sentido ha denunciado que “a día de hoy el modelo que tenemos heredado del Partido Socialista es un modelo que tenemos privatizado, ya que solo 25 municipios tienen una ayuda a domicilio municipal. Los demás lo desarrollan a través de empresas privadas”.
Por ello, ha defendido que “desde Unidas por Extremadura vamos a pelear por que paulatinamente aumente el número de municipios que tienen ayuda a domicilio pública, desarrollada desde los ayuntamientos”.
Además, ha abogado por “mejorar muy sensiblemente las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de la ayuda a domicilio, ya que es un sector absolutamente feminizado y precarizado, hasta el punto que las trabajadoras de ayuda a domicilio trabajan dos o tres horas al día, y muchas de ellas tienen que recurrir a ayudas sociales para poder llegar a fin de mes. Esto es insostenible”, defendiendo que “no podemos sostener los cuidados de nuestros mayores y dependientes a costa de trabajo precario, mal pagado y que impide llevar a cabo vidas dignas”.
Por todo ello, ha sentenciado que “nuestra apuesta no va a ser solo que se desarrolle y aumente desde los ayuntamientos, ya que solo tenemos 25, sino que además, sean condiciones dignas para las trabajadoras”.
SENTENCIA DE ELYSIUM
Sobre la sentencia de este fin de semana del TSJEx que anula el decreto que aprobaba las obras del complejo Elysium City en Castilblanco, Irene de Miguel ha declarado que “no nos sorprende en absoluto que tengan esta sentencia en contra y hay que recapitular de donde venimos”.
En este sentido, De Miguel ha denunciado que “este macroproyecto era delirante en plena siberia extremeña y no tenía ni pies ni cabeza. Además, finalmente se quedó en una urbanización de lujo residencial, y sus promotores, entre los que había algún que otro Borbón, no daban mucha credibilidad al proyecto”. Situación que “no impidió”, según ha recordado la portavoz, “que se aprobara una Ley específica, la Ley de grandes intalaciones de ocio, más conocida como Ley de macrocasinos, que aprobaron Partido Popular y PSOE y que fue una alfombra roja a un proyecto fantasma que se ha demostrado, que tras años y años de acaparar titulares, finalmente no hay nada, era un proyecto que se estaba saltando las normativas ambientales y cuyos promotores no tenían la mínima solvencia económica para poder desarrollar este proyecto de envergadura”.
Es por ello que ha destacado que “estamos muy cansadas de ver cómo a Extremadura llegan proyectos fantasmas que vienen al calor de los fondos públicos, y que la Administración en vez de pararlos lo que hace es ponerles alfombras rojas, mientras a los empresarios extremeños, a los autónomos y a las Pymes no hacen más que asfixiarlos con burocracia, con restricciones”, denunciando que “estas empresas que vienen de fuera se lo quieren llevar crudo a costa de pasarse por el forro las normativas ambientales de las que nos hemos provisto”.
De Miguel ha criticado que “el PSOE haya recurrido este tipo de sentencias hasta el infinito como ya lo hicieron con otros proyectos, para comprometer fondos públicos en la defensa de proyectos privados”.
La portavoz ha recordado todos los decretos y proyectos de este estilo que la Justicia ha tumbado en Extremadura: “El decreto del litio, ilegal; Valdecañas, ilegal; y ahora Elysium también, ilegal”. Por ello, ha aseverado que “Extremadura no se merece unos Gobiernos tan irresponsables, que permiten a empresas sin escrúpulos llegar a hacer negocio sin respetar las mínimas normativas de las que nos hemos dotado, y en cambio, exigírselas a los demás”, criticando también que “esta es la seguridad jurídica de la que han hablado todos los Gobiernos extremeños: la inseguridad jurídica la dan Gobiernos irresponsables y empresas sin escrúpulos”.
SUBIDA DEL SMI
Irene de Miguel también se ha referido a la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional aprobado por el Gobierno de coalición con los sindicatos: “Es una subida absolutamente necesaria y de justicia, ya que Extremadura es una de las comunidades autónomas con los sueldos más bajos de todo el país: uno de cada tres extremeños cobra o el Salario Mínimo Interprofesional o bien no llega a él”.
De Miguel ha defendido que “esta medida va a afectar a 90.000 trabajadores extremeños, y mientras que los beneficios empresariales han doblado durante la inflación hemos visto como el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha ido disminuyendo. Con lo cual aumentar el SMI es de justicia”.
Sobre la posición del resto de formaciones al respecto, la portavoz de Unidas por Extremadura ha dicho que “sabemos que la derecha y la extrema derecha siempre se ponen del lado de la patronal y no apoyan las mejoras salariales de la clase trabajadora. Y nos alegra que el Partido Socialista extremeño haya cambiado su visión del Salario Mínimo Interprofesional: recordemos que ellos fueron los primeros que decían que en Extremadura no se podía aumentar ‘porque iba a ser una ruina’. Se ponían del lado de la patronal y de la derecha agraria, y no de los sindicatos de clase y de la clase trabajadora que asumía que era de justicia subir los salarios”.
De Miguel ha destacado que “desde que el Gobierno de coalición gobierna se ha subido un 54 por ciento, lo que supone 400 euros más para cada trabajador; mientras que en la época en la que gobernaba el bipartidismo, en ese turnismo entre Partido Popular y PSOE, en 10 años subió 135 euros, mientras que en cinco años de Gobierno de coalición la subida ha sido el doble”.
Además, la portavoz ha señalado que “estamos aún lejos de la media europea”, por lo que ha abogado por “seguir presionando para seguir avanzando en conseguir salarios dignos para la clase trabajadora”.
