- La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha adelantado que pedirán desde la Asamblea instar al Gobierno Central a la derogación de la ley y la aprobación de una nueva normativa.
- Unidas por Extremadura preguntarán también al Gobierno regional si Extremadura asumirá las competencias del Ingreso Mínimo Vital.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de portavoces de la Asamblea para explicar las propuestas que llevará su grupo al Pleno de este jueves.
De Miguel ha adelantado que su formación va a presentar una propuesta de pronunciamiento para instar al Gobierno de España a promover la ‘Ley Montoro’, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y aprobar una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales: “Los Ayuntamientos han sido los grandes perjudicados desde que se aprobó por la puerta de atrás con alevosía el artículo 135 de la Constitución que anteponía el pago de la deuda al pago de los servicios”.
De Miguel ha denunciado que la aprobación posterior de la Ley Montoro “supuso un recorte competencial sin precedentes y un importante retroceso sobre los servicios que prestan las corporaciones locales” y que “más de 3.000 ayuntamientos de toda España, de todos los colores políticos, incluida la propia Asamblea de Extremadura, ya se posicionó sobre la necesidad de derogar esta ley tan dañina para nuestras entidades locales”.
Por todo ello ha defendido que “es el momento de mejorar la financiación local y hacer justicia con un agravio local sobre las corporaciones locales, como ha sido la Ley Montoro, y de también aprobar una nueva Ley de Régimen Local acorde con la Carta Europea de Autonomía Local, que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a las competencias y a los servicios que prestan las entidades locales”.
Por último, la propuesta de Unidas por Extremadura pide también “promover la reforma de la ley de haciendas locales, que dé recursos a las competencias propias e impropias de nuestros Ayuntamientos y entidades locales menores, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y que cree un sistema tributario local que se nutra de elementos de progresividad en base a la capacidad económica del contribuyente”.
PREGUNTA SOBRE INGRESO MÍNIMO VITAL
Por otro lado, Unidas por Extremadura le va a preguntar al Gobierno autonómico “si va a asumir la competencia que ahora nos deja el Ministerio de Seguridad Social para gestionar el Ingreso Mínimo Vital”. De Miguel ha justificado la pregunta argumentando que “sabemos de las dificultades de la puesta en marcha de esta prestación, que no está llegando a toda la población que lo necesita. Vino a complementar las rentas autonómica garantizadas de inserción, pero la realidad es que bien por la falta de recursos para poder gestionar adecuadamente, o bien porque es un calvario burocrático, el hecho es que no está teniendo el alcance que debería una medida tan necesaria en comunidades como la nuestra”, denunciando que “Extremadura es una de las comunidades con mayor tasa de pobreza”.
Por ello, la portavoz ha incidido en que van a preguntarle “al Consejo de Gobierno, a Partido Popular y a Vox, si su hoja de ruta va a ser solo beneficiar a las élites económicas con rebajas fiscales que les regalan los impuestos o si va a asumir estas competencias que sabemos que es la única vía para que esta prestación pueda tener mayor universalidad, pueda llegar a más usuarios y esté gestionada de una forma más rápida”.
Irene de Miguel ha asegurado que “sabemos que con los recursos que gestiona la comunidad autónoma es suficiente para poder mejorarla y desburocratizarla, así como se hizo con la renta garantizada, que pasó de seis meses de tramitación a un solo mes. Por eso consideramos que la gestión directa de este nuevo derecho es la fórmula para poder mejorarla”.
