- La formación solicita que el Ejecutivo estatal otorgue el indulto a estas seis personas, una de ellas extremeñas, que participaron en acciones reivindicativas contra el empresario de una pastelería que había vivido una situación de abuso en su puesto laboral
Unidas por Extremadura ha registrado este viernes una propuesta en la Asamblea en la que se insta al gobierno central a “conceder un indulto a las seis personas injustamente condenadas por ejercer su derecho constitucional a la libertad sindical”. La formación se refiere a las seis personas, una de ellas extremeña, más conocidas como ‘Las 6 de La Suiza’, que participaron en las acciones reivindicativas contra el dueño de una pastelería asturiana, a la que una de sus trabajadoras había denunciado una situación de abuso en el entorno laboral.
Los hechos ocurrieron en 2017, según explica Unidas por Extremadura en la justificación de la propuesta, cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza recurrió al sindicato CNT para denunciar esa situación de abuso. “Según el sindicato, -detalla la iniciativa- la empleada fue víctima de acoso laboral y sexual por parte del propietario del negocio, y además de los comentarios sobre su cuerpo y su vida sentimental, la trabajadora fue obligada a realizar tareas físicas excesivas, como cargar pesos pesados, lo que llegó a poner en riesgo su embarazo”.
El sindicato denunció esta situación, pero la justicia archivó el caso por falta de pruebas, “aunque el auto judicial reconocía que el testimonio de la trabajadora resultaba verosímil”. CNT inició una serie de movilizaciones, después de intentar mediar entre las partes, que no fue bien recibida por parte del propietario del negocio y sus familiares, “ya que iniciaron una guerra contra el sindicato acusándolo de extorsión y asociación ilícita”.
Según Unidas por Extremadura, “la obcecación de la familia y del empresario acabó con una sentencia condenatoria por un delito de coacciones graves contra seis personas por su participación en las protestas”. “Los condenados son personas integradas en la sociedad, con familia e hijos, que ejercieron su derecho legítimo a la actividad sindical, amparada por la Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Carta Social Europea y las normas de la Organización Internacional del Trabajo”.
Para la formación esta sentencia sienta un precedente “muy preocupante”, ya que antepone el derecho al honor de las empresas a la libertad de expresión, que siempre ha prevalecido en los conflictos laborales. “No es nada exagerado interpretar esta sentencia como un ejercicio de disciplinamiento del sindicalismo”, añade Unidas por Extremadura en la justificación de la iniciativa.
Además, la confluencia destaca que la propia Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical destaca que la decisión judicial “pone en riesgo la capacidad de los trabajadores para organizarse y hacer valer sus derechos”, y lo que es peor aún “genera asimetría procesal, ya que mientras el empresario recibe una indemnización cuantiosa se ordena el ingreso en prisión de las personas sindicalistas por defender los derechos laborales”. “La condena -añade la formación- de coacciones graves por realizar concentraciones pacíficas, repartir panfletos y usar megafonía vacía de contenido el derecho fundamental de libertad sindical, consagrado en el artículo 28.1 de la Constitución, porque son herramientas habituales de presión sindical”.
