- El diputado Joaquín Macías le ha planteado a Vergeles que “se sientan las bases para evitar que se vean afectadas las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras y el servicio a las personas usuarias de las ambulancias”.
- Macías le ha pedido que “sancione o rompa el contrato con las empresas que incumplan los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales”.
En una reunión mantenida este viernes por varios grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura con el consejero de Sanidad, José María Vergeles, para hablar del modelo de transporte sanitario terrestre en Extremadura, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, le ha propuesta al consejero que “desde el SES se asuma la gestión directa del servicio de transporte sanitario” al considerar que “estos procesos de privatización han puesto en manos de empresas privadas la gestión de un servicio tan importante como el de las ambulancias y el transporte sanitario, con la consiguiente pérdida de su control público y un importante deterioro en la calidad de su prestación y en las condiciones laborales”, señalando que “no es de recibo que el SES no se haya planteado ni siquiera la posibilidad de la gestión directa del servicio de transporte sanitario, que haya estudiado su implantación y que haya pedido reunión y asesoramiento por ejemplo del gobierno balear, como han realizado otros territorios”.
Macías le ha recordado al consejero que “la pandemia ha puesto el foco en la necesidad de contar con sistemas públicos de salud de calidad, con dotaciones de personal suficiente, bajo condiciones justas de contratación y remuneración, reforzando el ámbito de la gestión de lo público”.
Como ejemplos, Joaquín Macías le ha puesto a Vergeles a comunidades como Baleares, “cuyo Servicio de Salud y la Gerencia del 061 decidieron internalizar en el año 2018 la prestación del servicio de Transporte Sanitario Terrestre Urgente de Baleares”, Canarias “que se ha interesado por el proceso de Baleares”, o Navarra “que estudiará este año hacer público el servicio de ambulancias”. Además, el diputado le ha propuesto la subrogación del personal contratado actualmente y le ha destacado ejemplos de Baleares o la Comunidad Valenciana.
En el caso de que desde la Consejería de Sanidad no se apueste por esta gestión pública del servicio de las ambulancias, desde Unidas por Extremadura, le han llevado al consejero Vergeles una batería de propuestas, que, como mínimo “debería tener en cuenta para velar por la gestión correcta de este servicio y por el respeto de los derechos laborales”.
Por ello, desde la confluencia extremeña le han planteado a Vergeles que “se sientan las bases para evitar que se vean afectadas las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras y el servicio a las personas usuarias de las ambulancias”, poniéndole encima de la mesa “garantizar el pleno mantenimiento de los empleos existentes en el sector y evitar que se produzcan despidos; la subrogación del personal actual; abonar las cantidades que se puedan deber a la plantilla y solucionar los conflictos con la plantillas aún pendientes; y aumentar la partida presupuestaria, con el objetivo de introducir mejoras en la calidad del servicio de ambulancias y el empleo que se presta en el mismo”.
Por ello, desde la formación consideran “importante que en la licitación del servicio se tenga en cuenta la oferta económica, cláusulas sociales, de igualdad, medioambientales, apostar por las ambulancias de calidad, facilitar el acceso a autónomos y pymes, la justicia fiscal, garantizar los derechos a las personas usuarias, la evaluación de la calidad del servicio, y por último, garantizar la supervisión y cumplimiento de los términos de la concesión”.
Joaquín Macías ha criticado que “la mayoría de concursos públicos para el transporte sanitario se ganan con ofertas económicas a la baja, de lo cual se deriva una parte importante de la problemática que arrastra este servicio. Es decir, la Administración licita y resulta el factor fundamental el mejor precio, problema que se agrava cuando, sobre todo, determinadas empresas tiran sus precios a la baja con ofertas difícilmente creíbles para asegurar un servicio digno”. Por ello, ha propuesto “dar menos valoración a la oferta económica y establecer otro tipo de cláusulas que asegure un correcto servicio y que se respetan los derechos laborales”.
Dentro de esas cláusulas sociales, Macías ha recordado que “conforme al artículo 26 de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, como mínimo en el pliego se establecerá como condición especial de ejecución que el contrato se halla sujeto al cumplimiento por parte del adjudicatario y respecto de las personas trabajadoras vinculadas a la ejecución del contrato, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio”, instando a Vergeles a que “el incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales sea motivo para imponer las correspondientes sanciones e incluso causa de resolución del contrato”, señalando que “la problemática con el servicio de ambulancias en Extremadura no solo deriva de una deficiente licitación, sino de una inexplicable dejación de funciones por parte de la Junta a la hora de vigilar y hacer cumplir los pliegos de la licitación”, por lo que ha propuesto que “en los pliegos se han de establecer cláusulas adecuadas para regular los posibles incumplimientos por parte de las empresas concesionarias”.
Macías le ha pedido a Vergeles que “ante las diversas incidencias producidas en los vehículos de ambulancias en los últimos años, las personas adjudicatarias han de garantizar y responsabilizarse de “que los vehículos y demás recursos materiales se encuentren en perfecto estado de uso durante la vigencia de la concesión” y que “en caso de inoperatividad por avería, falta de dotación o situación similar, el adjudicatario deberá suplir la unidad con un vehículo de características idénticas, junto con su dotación, en un tiempo máximo de una hora”.
Para evitar que se produzcan deficiencias en la gestión, el diputado ha puesto encima de la mesa que “desde el SES se realicen evaluaciones periódicas de la calidad del servicio ofertado por las concesionarias”.
En cuanto a la gestión de este servicio, desde la confluencia extremeña apuestan por “establecer medidas efectivas para el acceso a nuestras pequeñas empresas a esta licitación, y en concreto, ver la posibilidad de dividir el contrato mediante lotes por zonas geográficas”. Además, Macías ha instado al consejero a “asegurar que los ingresos o beneficios procedentes del contrato público sean íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, sin que en ningún caso puedan utilizarse domicilios fiscales incluidos en algún país de la lista de paraísos fiscales”.
Unidas por Extremadura también pretende que “se incluya en el pliego medidas para incrementar tanto la presencia de mujeres trabajadoras como en puestos de responsabilidad, planes de igualdad, protocolos de prevención contra el acoso sexual, medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, así como de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres”.
Además, Macías le ha pedido a Vergeles la inclusión de cláusulas medioambientales proponiéndole “vehículos con bajas emisiones de CO2 y partículas; la eficiencia energética y utilización de fuentes de energía renovables; limpieza con métodos, prácticas y productos más respetuosos con el medio ambiente; o la minimización del consumo de recursos naturales como materias primas, combustibles y agua” entre otras medidas.
